Decreto sobre Fundos Legales (1866)

Escudo del Segundo Imperio Mexicano

MAXIMILIANO

EMPERADOR DE MÉXICO

Oído Nuestro Consejo de Ministros,

DECRETAMOS

Art. 1°.- Los pueblos que carezcan de fundo legal y ejido tendrán derecho a obtenerlos siempre que reúnan las circunstancias designadas en los dos artículos siguientes.

Art. 2°.- Se concede a las poblaciones que tengan más de cuatrocientos habitantes, y escuela de primeras letras, una extensión de terreno útil y productivo igual al fundo legal determinado por la ley.

Art. 3°.- Los pueblos cuyo censo exceda de dos mil habitantes, tendrán derecho a que se les conceda, además del fundo legal, un espacio de terreno bastante y productivo para ejido y tierras de labor, que Nos señalaremos en cada caso particular, en vista de las necesidades de los solicitantes.

Art. 4°.- Los pueblos que no teniendo el número de habitantes que exigen los artículos anteriores, quieran disfrutar de las ventajas que en ellos se conceden, podrán reunirse con otro u otros pueblos, hasta llenar las condiciones requeridas, en cuyo caso no sólo tendrán derecho al fundo legal y ejido, sino que el Gobierno les indemnizará el precio de los terrenos que abandonen al mudar de habitación.

Art. 5°.- El nuevo pueblo que se forme con la aglomeración de dos o más, hasta reunir más de dos mil habitantes, disfrutará de las franquicias que el Gobierno le concederá en cada caso particular, para fomentar la formación de grandes poblaciones.

Art. 6°.- Ante las Subprefecturas respectivas justificarán los pueblos:

1° Que tienen el censo que exige esta ley.

2° Que carecen de fundo legal o ejido en su caso, o que el terreno que poseen es enteramente improductivo.

Art. 7°.- El Subprefecto, asociado del Ayuntamiento de la cabecera del Distrito y del de la Municipalidad en que esté ubicado el pueblo solicitante, informará con justificación sobre los puntos a que se refiere el artículo anterior, y remitirá inmediatamente el expediente al Ministerio de Gobernación.

Art. 8°.- Los terrenos necesarios para dotar a los pueblos de fundo legal y ejido, los proporcionará el Gobierno de los baldíos o realengos productivos, si los hubiere; y en su falta, de los que adquiera por compra o mediante otros convenios que arregle con los dueños de los que se necesiten.

Art. 9°.- Si para dotar a los pueblos de los terrenos de que habla esta ley, no se pudieren proporcionar de la manera que se previene en el artículo anterior, y fuere para esto preciso compeler a los dueños de los terrenos a la venta forzosa de ellos, en los casos prevenidos por derecho, la expropiación se hará observándose lo prevenido en la ley de 7 de julio de 1853, así en cuanto a la designación de los terrenos que hayan de expropiarse, declaración formal de ésta en su caso, manera de fijar la indemnización y pago de ella.

Art. 10.– Los pueblos que careciendo de terreno se hallen situados de manera que no se les pueda proporcionar, tendrán la facultad que les concede el artículo cuarto de esta ley, de reunirse con otros o trasladarse a puntos donde se les pueda proporcionar, en cuyos casos gozarán de las franquicias que se les conceden con arreglo al artículo 5°.

Art. 11.– Los juicios sobre posesión o propiedad de tierras y aguas que promueva un pueblo contra otro o contra algún propietario particular, o éste contra aquél, se sustanciarán y decidirán por los jueces y tribunales ordinarios a la mayor brevedad posible, a cuyo efecto podrán acortar los términos legales, pero de manera que no se perjudique el derecho de los litigantes por falta de prueba.

Art. 12.– Todas las demandas de que habla el artículo anterior, se entablarán precisamente dentro de tres años, contados desde la publicación de esta ley en cada lugar. Una vez entabladas se proseguirá, sin poder los litigantes desertar del juicio; y si alguno lo hiciere, se nombrará a su costa un defensor, para que lo siga hasta su conclusión. Pasado el término referido de tres años, no será admisible ninguna démanda, y será déséchada de plano por la autoridad a quien se presentase.

Art. 13.– Los pueblos, en todos los asuntos de que habla esta ley, serán precisamente representados por sus Alcaldes o Comisarios municipales respectivos. En caso de impedimento de éstos, por la persona que el común designe con aprobación de la primera autoridad política del Distrito correspondiente.

Art. 14.– Cuando los representantes de los pueblos descuidaren ejercitar los derechos que a éstos se conceden, o la primera¡ autoridad política rehusare sin causa justa aprobar el nombramiento de la persona que debe representarlos, podrán los vecinos de aquéllos elevar directamente al Emperador sus quejas, por conducto de la Junta Protectora de las clases menesterosas, para que sean debidamente atendidos.

Art. 15.– Los que sin misión alguna legal se presenten a gestionar a nombre de los pueblos, serán reputados tinterillos y castigados con arreglo a las leyes.

Art. 16.– Las autoridades políticas y judiciales que bajo cualquier pretexto exigieren algunos derechos en los asuntos relativos a los pueblos, serán destituídas de su empleo.

Art. 17.– Queda derogada la ley de 1° de Noviembre del año de 1865, que sometió a los Prefectos y Consejos departamentales el conocimiento de las cuestiones sobre la propiedad o posesión de tierras y aguas entre los pueblos, o entre éstos y los particulares.

Art. 18.- Los Prefectos remitirán inmediatamente a los jueces letrados de los Distritos respectivos, todas las demandas de que habla la citada ley de 1° de Noviembre, para que conozcan de ellas y las sustancien y terminen con arreglo a la presente.

Art. 19.– El juez que sin causa justificada dejare transcurrir los términos que la ley de procedimientos fija para dictar sus providencias, incurrirá por este solo hecho en responsabilidad.

Art. 20.– Los terrenos que con arreglo a esta ley se concedan a los pueblos, serán fraccionados y distribuidos entre sus vecinos, conforme a las leyes y bajo las condiciones que el Gobierno designe en la concesión.

            Nuestro Ministro de Gobernación queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en el Alcázar de Chapultepec, a 16 de Septiembre de 1866.

Maximiliano.

 Por el Emperador, el Ministro de Gobernación, Teófilo Marín.

Nota: Debido a la naturaleza de éste Decreto, fue publicado en versión bilingüe español-náhuatl, hecho sin precedentes en la historia legislativa de México y que demuestra el marcado indigenismo legislativo de S.M. Maximiliano.
Versión facsímil del documento bilingüe puede verse aquí:
http://digital.utsa.edu/cdm/ref/collection/p15125coll6/id/1398

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